Por: Soledad Santalucía

Con 66 votos a favor y 22 en contra, la Cámara de Diputados uruguaya aprobó el pasado viernes 19 de octubre, tras diez horas de debate, la Ley Integral para personas trans. Esta ley fue presentada en junio de 2017 por el gobierno del Frente Amplio y permitirá el acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud y a las intervenciones quirúrgicas del colectivo trans.

Además, busca otorgar facilidades en cuanto al trámite de cambio de nombre en el registro civil y autoriza a lxs menores de dieciocho años a cambiar su nombre o recibir tratamiento hormonal sin autorización de sus xadres y/o tutorxs, lo que causó gran polémica en la sociedad uruguaya.

A partir de su reglamentación, el Instituto de Empleo y Formación Profesional deberá determinar un cupo no menor al 1% de sus programas de capacitación y exigir a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los gobiernos departamentales, entes autónomos y otras oficinas públicas a destinar el 1% de sus presupuestos de trabajo al colectivo trans.

En la misma línea, las instituciones públicas y privadas deberán promover su inserción en los centros educativos y de salud, y el Estado incluirá a las personas trans en los programas de vivienda, ya que el abandono del hogar es una de las principales consecuencias a la hora de asumir su identidad en el ámbito familiar. Además, se cambiará el sistema estadístico para reconocer la identidad de género en el papeleo público, lo que permitirá que en los formularios se amplie el binomio masculino/femenino a mujer o varón trans.

Por último, hay que hacer hincapié en el artículo que promueve una reparación económica para unas cincuenta mujeres trans que hayan nacido antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional o acosadas por agentes estatales desde el comienzo de la dictadura en 1973 hasta su finalización en 1989.

Uruguay se ha posicionado en América Latina como uno de los pocos países que apoya las luchas en lo que respecta a género, diversidad sexual y feminismo. Ya lo había hecho en 2009, al promulgar una ley de identidad de género que permitió a las personas trans el cambio de nombre y sexo en sus documentos y registros públicos; y el 17 de octubre de 2012, al aprobar el proyecto de Ley sobre la Despenalización del Aborto que consiguió que el aborto seguro y gratuito, sea legal.

Un informe del International Journal of Gynecology and Obstetrics destacó a Uruguay como el segundo país con menor mortalidad materna en toda América, ya que pasó de tener el 37,5% de las muertes maternas en el período del 2001 al 2005 a tan solo el 8,1% de 2011 al 2015.

Asimismo, el 10 de abril de 2013 se convirtió en el segundo país, después de Argentina, en sancionar la Ley de Matrimonio Igualitario y, el 10 de diciembre de 2013 llevó a cabo la promulgación de una ley que lo puso a la vanguardia con respecto a sus países vecinos: la despenalización de la marihuana, la cual regula el mercado, la producción (controlada por el Estado), la comercialización, la tenencia y los usos recreativos y medicinales de la marihuana.

 

Foto: The New York Times

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