Foto: Micaela Mennuto

Violencia de género, aborto, estupefacientes, criminalización. Mujeres, travestis y trans en alerta por el proyecto que el Gobierno envió al Congreso.

Por: Antonela Mennuto

El lunes pasado el Poder Ejecutivo presentó en el Senado de la Nación un proyecto para modificar el Código Penal. Y, efectivamente, cambiamos futuro por pasado: el que se discute es más regresivo que el actual, redactado en 1921.

Mucho se habló en la semana de los artículos que tienen que ver con el aborto, que sigue considerándose un delito y no un derecho. En este sentido, es real que lo expresado en el proyecto implica un retroceso absoluto a debates que han ganado consenso social en el último tiempo.

En resumen, deja en la subjetividad de un juez la excarcelación de la mujer o cuerpo gestante “cuando los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho así lo justifican”; considera aborto no punible en casos de abuso sexual, algo que ya había sentado jurisprudencia con el caso F.A.L; y le da status legal al feto llamándolo “persona por nacer”.

El año pasado, el proyecto por la legalización obtuvo media sanción en Diputados pero fue rechazada en la Cámara de Senadores, y en abril próximo se presentará nuevamente el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto, lo que implica un nuevo desafío para el movimiento de mujeres que vienen de mostrar su fuerza en la última movilización del 8M.

En diálogo con Visibles, Luciana “Luli” Sánchez, abogada y feminista, comenta que “el consenso social es que hay que garantizar las prácticas de salud para que nadie sufra ni muera por una práctica tan común, que todo el mundo hace”.

Y agrega: “De hecho, respecto del aborto, opino que es más preocupante que ya no haya Ministerio de Salud, y el aumento sostenido de los medicamentos, y la caída de la capacidad de compra de los sectores populares, que lo que hagan en el Código Penal. Y me parece, claramente, presentar así la cuestión del aborto tiene un fin electoral.”

Pero la cuestión del aborto no es la única manera en la que puede afectarnos la modificación de  esta normativa. Queda explícita la criminalización de la protesta social con penas de hasta 3 años para “quien por cualquier medio detenga o entorpezca la marcha de un medio de trasporte público o privado”, o atente contra las fuerzas de seguridad.

Además, como explica Luli Sánchez, en materia de Violencia de Género “tiene una agravante genérica que dice que en los casos donde haya violencia de género se suben los mínimos de las penas, lo que es completamente inútil. Prohíbe la suspensión del juicio a prueba en los casos de violencia de género, que está demostrado también que es completamente inútil y además es inconstitucional, lo cual va a dar lugar, nuevamente, a una larga batalla jurisprudencial.”

Por otro lado, con respecto al narcotráfico y tráfico de estupefacientes, además de aumentar las escalas penales, aclara que no se considera un delito sólo si se realiza en el ámbito privado. “La parte de criminalización de estupefacientes también, me parece, nos va a afectar muchísimo a las mujeres, a las lesbianas, mujeres travestis y trans. En ese sentido también es una legislación que atrasa, y nos atrasa en toda la región”, expresa Luli.

Cabe mencionar también que en este momento se está discutiendo la baja de edad de imputabilidad en el Congreso de la Nación, y que se pretende empezar a condenar con este código penal a niñxs de 11 años de edad en adelante.

“Imaginemos agravantes por violencia de género con niñxs, y penas duras por estupefacientes, junto a la legitimación de la doctrina Chocobar.  Lxs niñxs, mujeres, lesbianas, travestis, trans, somos también víctimas de violencia institucional, de violencia policial. Es muy preocupante”

En este contexto, sólo resta agregar que la necesidad de encender la alarma, de estar atentas y tener una mirada global que permita percibir los cambios de nuestro tiempo. En palabras de la abogada Luli Sánchez, “si desde los feminismos vamos a centrar nuestra postura en lo que el código penal dice del aborto exclusivamente,  estamos mirando algo muy puntual como si todo lo demás no nos afectara. Es una posición que, además, significa volver a compararnos que como mujeres se nos reduzca a nuestras capacidades reproductivas, y dejar de pensarnos como seres políticos, con responsabilidades políticas en todas las áreas donde se tomen decisiones sobre cómo se va a usar la policía y el poder penal del Estado, y no sólo en el aborto.”

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