Puta Visible: Libertad para Malu López

Foto: Brune Banks

Por: Victoria Briccola

En los años ’80, en Estados Unidos tomaron lugar las denominadas “guerras del sexo”: una serie de debates públicos que bajo el eslogan “La pornografía es la teoría y la violación, la práctica” demandaban la abolición total de la pornografía y el trabajo sexual. Catherine Mackinnon y Andrea Dworkin eran algunas de las activistas cuyo trabajo se centró en promover leyes que regulen y censuren aún más la pornografía y el mercado del sexo, lo que trae como consecuencias la implementación de leyes de control y persecución a las trabajadoras sexuales.

Hoy en día, la conexión con ese pasado se ve reflejado en la Ley 26.842, más conocida como “ley anti-trata”, sancionada en nuestro país en el 2012, que no consigue diferenciar el delito de trata de personas con el trabajo sexual autónomo. La normativa crea una “industria del rescate” que lo único que hace –como si fuera poco- es revictimizar a las trabajadoras sexuales autónomas al determinar de forma expresa que el consentimiento de las partes no exime de responsabilidad penal, civil o administrativa. De esta manera se fomenta el negocio de la fabricación de víctima y se produce la infantilización de las TS.

Bajo esta lógica “rescatista”, son allanados departamentos donde las trabajadoras sexuales trabajan para estar organizadas y seguras; se considera víctimas de trata a las prostitutas que se encuentren en el lugar, incluso si expresan que se encuentran allí de propia voluntad, como sucedió el 10 de octubre de 2017, con Malú López y sus compañeras.

Ese día, y en manos de la Policía Federal, se efectúo un allanamiento en una cooperativa de TS de Mar del Plata y allí, María Azucena “Malu” López Villagra fue separada del resto de las mujeres que estaban en el lugar: sus dos amigas. A ella la llevaron directamente detenida mientras que sus compañeras tuvieron que declarar y luego fueron registradas como víctimas dentro del Programa Nacional de Rescate a Víctimas de Trata de Personas a pesar de negarse a ello. Hasta el día de hoy sostienen que conformaban una cooperativa de gastos, donde cada una se quedaba con el 100% de lo que realizaba cada una y aportaban un monto en concepto de los gastos de alquiler, luz, gas y teléfono. La palabra de ellas fue ignorada y no tenida en cuenta: Malu fue acusada de regentear el lugar y ser la proxeneta de sus compañeras.

No fueron rescatadas precisamente porque no se encontraban trabajando en contra de su voluntad, pero tampoco les ofrecieron las garantías mínimas que determina la ley: asistencia psicológica y médica, alojamiento, manutención y alimentación suficiente. Lo que demuestra que el Estado, por un lado, impide a lxs trabajadorxs sexuales realizar su trabajo y, por el otro, no acompaña a la víctima de trata de personas.

El objetivo central de la ley anti-trata y de los allanamientos posteriormente, es buscar víctimas y victimarixs, nada más y nada menos. Pero ¿qué pasa cuando no lxs encuentran? En ese caso, se basan en ciertos rasgos que les permiten construir responsables de un delito, aún cuando no lo hay.

Ese perfil en contra de Malú empezó a construirse años atrás, en febrero de 2015, cuando luego de un previo allanamiento y de clausurar el lugar como “hotel de pasajeros” no habilitado, la fiscalía la empieza a catalogar como una tratante de personas basándose en su activismo político dentro del ámbito local de trabajadoras sexuales.

Brune Banks

Malu tiene 48 años, nació en Jujuy, es activista política y ha denunciado en los medios de comunicación los abusos policiales y el despliegue de las políticas anti-trata que impiden la organización cooperativa del trabajo sexual. Gracias a su militancia se ha convertido en una referenta local de las trabajadoras sexuales.

Además, es madre soltera de seis hijxs y sostén de familia: cuatro de ellxs a su cargo y dos menores de edad. Hoy se encuentra en la obligación de seguir sosteniéndola económicamente a pesar de estar imposibilitada para trabajar. Recibe ayuda esporádica de una ONG de Mar del Plata y de algunas compañeras trabajadoras sexuales, pero nunca es suficiente, y cada vez se acumulan más deudas de servicios.

Con esta lógica punitivista, el delito de trata de personas no disminuye, mientras que sí se vulneran los derechos de mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres solteras y sostenes de hogar.

Brune cuenta en Visibles que entre las putas realizan movidas, talleres para darle una mano a Malu: “No hay organizaciones, no hay sindicatos, no hay nadie que este ayudándola. Solo las putas. Todas las organizaciones que militaban cuando pasó lo de Malu se borraron. La única red de apoyo que tiene son las putas”.

“Es importante aclarar que no se trata sólo de una puta presa sino de una referenta política que está siendo silenciada”, añade Brune, quien acompaña a Malu como compañerxs y amigxs. Actualmente espera junto a ella novedades del Tribunal Oral ya que en octubre se cumplen dos años que Malu está detenida con prisión domiciliaria y preparan una defensa.

“No somos víctimas ni victimarixs, somos trabajadorxs sexuales y no pedimos ser rescatadxs, sólo queremos trabajar amparadxs bajo los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajadorx”, sostiene Brune. F

Brune Banks

En una nota realizada por Cosecha Roja, López decía: “Pasa todo el tiempo. Detienen a las más grandes y las acusan de ‘proxenetas’. Pero somos putas, no sarnosas. Somos mujeres trabajadoras”.

Gracias a los aportes que recibieron y a rifas que vienen realizando se pudo refinanciar una deuda de luz de $23.000: se pagó la mitad y ahora falta ir pagando mes a mes la otra mitad. Sumado al consumo mensual y todos los demás gastos fijos.

Si queres colaborar con Malu y sus hijxs podés hacerlo a través de MercadoPago: todxpresxespoliticx@gmail.com. También cuentan con Ualá, CBU, y desde RapiPago/PagoFácil. Para cualquier consulta escriben por Facebook a Putas Feministas Mar del Plata.

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