Villa Elisa: Denuncian que en la Comisaría N°12 una interna perdió un embarazo a raíz del abandono al cual son sometidas

Por: Victoria Briccola

Este viernes el abogado Damián Barbosa presentó un hábeas corpus para solicitar la clausura de los calabozos de la Comisaría N°12 de Villa Elisa. Es ante las condiciones infrahumanas de detención y hacinamiento en la que se encuentran las mujeres privadas de su libertad que allí son alojadas.

El reclamo ya fue trasladado al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires para su correspondiente intervención.

El letrado es defensor de Camila Belén Romero, quien narró “de forma desgarradora las infrahumanas condiciones de detención que está padeciendo desde que se encuentra en la dependencia policial, cuadro que se agravó en la última semana, con la pérdida de su embarazo”, reveló Barbosa.

Según lo que expresó en el documento judicial, se solicita “la inmediata libertad de Romero” pero también planteó “en forma subsidiaria, su arresto domiciliario”.

La joven tiene 24 años y se encuentra privada de la libertad por “tentativa de hurto”. Su libertad había sido denegada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, con el voto de las juezas María Silvia Oyhamburu y Miriam Ermili, quienes en el marco del habeas corpus contra la orden de detención sostuvieron que “la causante registra una pena de ejecución condicional de ocho meses, por lo que de recaer una sentencia condenatoria la misma sería de cumplimiento efectivo, ello me lleva a considerar prima facie que existe peligro que la imputada al recuperar la libertad intente eludir la acción de la justicia y/o entorpezca la investigación”.

Además Camila llegó a narrar que tiene severos problemas respiratorios, los que generaron que, “el servicio de emergencias médicas haya tenido que ir hasta la comisaría en reiteradas oportunidades, en estos meses de privación de libertad”.

Por esta afección, “pertenece a la población en mayor riesgo ante el COVID-19, caso que se encuentra contemplado en las diversas resoluciones dictadas” por la Suprema Corte bonaerense y la Procuración General.

En esa dependencia, describió Barbosa, “son impresionantes los olores nauseabundos de la zona de calabozos, los cuales superaban las pésimas condiciones edilicias del sitio. Las mujeres privadas de libertad no cuentan con agua caliente en los baños, por problemas en las cañerías”, por lo que “el agua se les provee a través de una manguera que sale desde la cocina del personal policial, para que puedan bañarse a ‘manguerazos’ o ‘a baldazos’”. Denunció además que las detenidas “no tienen acceso a un teléfono”.

La causa, en tanto, quedó en manos de la jueza Lidia Fabiana Moro del Juzgado Correccional 3 de La Plata.

Barbosa consideró que “resulta imperioso señalar que la problemática del presente requiere de una mirada y una visión con perspectiva de género que permita analizar el impacto diferencial de las acciones del Estado sobre varones y mujeres, en el caso privadas de su libertad y que contemple el Interés Superior del Niño”. Y agregó: “Esta situación no se hizo en la presente, ya que Camila hace meses que no ve a su pequeña hija de 4 años”.

Los institutos alternativos a la prisión (como la excarcelación, el arresto domiciliario) no fueron utilizados aquí, siendo que ellos son los que permitirían compatibilizar el interés social en la persecución y sanción de los delitos, con la vigencia de los Derechos Humanos (específicos) de las Mujeres en conflicto con la ley penal.

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