¿Es el gatillo fácil una política de Estado?

En un momento clave de recrudecimiento de las políticas represivas, donde el brazo armado del Estado parecería tener, más que “vía libre”, claras directrices para reprimir sin distinciones a un jubilado, a un fotorreportero o hasta a una niña de 10 años, esta nota intentará responder a la pregunta sobre la violencia institucional como política de Estado.

Por Daniela Tagliafico

Thiago Correa tenía 7 años y fue asesinado por un policía fuera de servicio mientras esperaba el colectivo con su papá, la noche del 7 de junio en el partido de La Matanza. Hubo otras tres víctimas de los mismos disparos: Uriel Montenovo, Uriel Leiva y Brandon Corpus Antelo, quienes sin ninguna bala habían intentado asaltar al oficial. Brandon, de 18 años, también fue fusilado, por la espalda.  El agente de la policía Federal se llama Facundo Aguilar Fajardo y tiene tan solo 21 años, los suficientes para ser policía y disparar 11 veces en 9 segundos.

El accionar del policía fue avalado y respaldado inmediatamente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y expuso, una vez más, un modelo de seguridad que no contempla ningún tipo de respeto por la vida humana. Nos lleva a preguntarnos cuál es el estado de situación de los casos denominados de “gatillo fácil” en la Argentina, cómo accionan quienes deberían cuidar a la ciudadanía y qué vinculo hay entre la violencia institucional y los marcos normativos. “En promedio 120 jóvenes por año mueren bajo las balas policiales solo en la provincia de Buenos Aires. En algunos casos pueden ser en enfrentamientos, pero no son la mayoría de los casos”, contó Roberto Cipriano García, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Estas muertes se dan en la provincia en manos de cuatro fuerzas: policía federal, bonaerense, de la ciudad y gendarmería. A su vez, en la mayoría de los casos ocurren en un contexto en defensa de bienes (un celular, una billetera, un vehículo) y no una situación de riesgo de vida de terceros, según explicó el especialista.

Hablamos de gatillo fácil cuando hay una víctima fatal, fallecida a causa de la violencia de las fuerzas de seguridad. Ahora bien, lo que pasa en las marchas, en las calles, en los barrios, con el accionar de esas fuerzas, está dejando -además de una gran desmovilización- otras víctimas no fatales como es el caso del fotorreportero Pablo Grillo, quien aún está luchando por recuperarse después de recibir un proyectil en su cráneo en la movilización del 12 de marzo de los jubilados. ¿Qué hace que Grillo o alguno de los 2534 heridos durante los primeros 500 días de gobierno libertario no estén engrosando el listado de víctimas de gatillo fácil? ¿Es una cuestión de azar? Organizaciones, observatorios, colectivos y organismos de derechos humanos sistematizan datos que alertan sobre el aumento de la violencia institucional y que va de la mano de un marco normativo que la encausa.

Violencia institucional en datos

En los primeros 14 meses de gestión de Milei desde CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) registraron 549 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado y advierten que estamos ante la gestión más letal de las últimas tres. Por su parte, el Monitor de Respuestas Represivas Estatales o para estatales a la Protesta Social en la Argentina que se está haciendo desde el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, (la Central de Trabajadores de la Argentina) registró desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2025: 88 represiones estatales a la protesta social, 2534 heridos en esos contextos, 461 detenidos y 96 allanamientos a organizaciones sociales.  Además, “al menos 3 infancias fueron gaseadas por las fuerzas de seguridad, compañeros y compañeras de prensa fueron agredidos y atropellados, a otros se les intentó destruir sus herramientas de trabajo. Y también hay al menos cuatro compañeros que perdieron sus ojos por operativos policiales”, contó Jimena Frankel, Socióloga y coordinadora del Monitor.

Otra de las organizaciones que tiene un rol fundamental en el registro de hechos de abuso y violencia policial desde hace tres años es el Mapa de la Policía. “Desde que asume el gobierno de ultra derecha hace dos años, hay una agudización de la represión, en especial con un foco en las manifestaciones”, aseguró Micaela Minervini, Licenciada en Ciencia Política, coordinadora de prensa y contenido digital en el Mapa de la Policía.

Gráfico del Archivo de casos 2024 de la CORRPI

La CPM registra en su monitoreo un aumento durante el primer semestre de este año: más de la mitad de las movilizaciones fueron reprimidas. Al menos 1.251 personas fueron heridas, 36 más que en todo el año 2024. También hubo más detenciones en estos meses que en todo el año anterior: 130 contra 93.

Cambio de régimen

Planteamos un interrogante sobre el gatillo fácil desde el inicio y María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI es firme en su respuesta: “Sin duda que es una política de Estado”. Y argumenta: “Sobre todo cuando advertís que esto ya no es una simple práctica avalada por el Poder Ejecutivo Nacional, sino lisa y llanamente un verdadero cambio de régimen con eliminación de derechos y garantías, como se viene perpetrando desde diciembre de 2023 para acá. Se ha producido una reestructuración normativa profunda de todo el aparato represivo”.

A cuatro días de asumir, el gobierno libertario comenzó a decretar represiones para quienes manifiesten. El mal llamado “protocolo antipiquetes” ordena a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervenir frente a cortes de vías de circulación, identificar “líderes e instigadores” y relevar esos datos al ministerio de seguridad, criminalizando así la protesta social. En esas mismas primeras semanas se habilitaba el uso de la línea 134 para denunciar a dirigentes sociales que convocasen a manifestar a beneficiarios de planes sociales. “Esta línea, además de buscar generar temor social, fue utilizada para iniciar distintos tipos de causas penales, nuevos allanamientos a movimientos sociales. Sobre todo esto ocurrió en el año 2024”, recordó Frankel. Tal como recuerda la investigadora de la CTAA, se anunciaba aquello de “el que corta no cobra, incluso amenazando a las compañeras que iban con sus hijos o sus hijas, que les iban a quitar la tenencia”.

Luego, siguieron con la resolución que modifica de los protocolos para el uso de armas de fuego, la de cyberpatrullaje y los decretos que modifican los estatutos reglamentarios y con ellos las funciones del conjunto de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal).  Esta batería de normas marca directrices sobre los agentes. “Los abusos o la violencia que uno ve de parte de las fuerzas federales, son consecuencia de la decisión de Bullrich y de Milei de ponerlas a reprimir y no se vieron en la época en que yo gestionaba las fuerzas porque la decisión no era reprimir”, dijo Sabina Frederic, Doctora en Antropología, docente de la UNQ, investigadora CONICET, y quien fuera Ministra de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2021. Y remarcó: “El problema penal obviamente es de ellos, pero debería ser también de quien los conduce y da la orden de reprimir. No es que ellos tomen la decisión in situ (…) Ellos entienden muy rápidamente la diferencia entre un ambiente en un contexto y otro, y cambia el comportamiento”.

Particularmente la modificación en los estatutos de las fuerzas federales, les amplía sus funciones y les reclama intervención espontanea en el mantenimiento del orden púbico siempre que el ministerio de Seguridad lo requiera. “Incluso realizando detenciones sin ningún tipo de control jurisdiccional y de la misma manera que les habilita a realizar tareas de inteligencia, espionaje, etcétera, por fuera de los límites impuestos por la Ley de Inteligencia Nacional”, subraya Verdú. Estas modificaciones pusieron por ejemplo al servicio penitenciario a operar en manifestaciones, en operativos para los que no fueron formados. “Ya los hemos visto desplegados en Congreso algún miércoles, que decíamos: ¿qué hacen ahí?, bueno ahora ya están legalmente avalados para estar allí, a través de este decreto que modifica su ley orgánica”.

Para Frederic, lo que hace el ejecutivo “es poner a las fuerzas de seguridad federales en el peor lugar, por la tarea indigna a la que los someten. Porque además es una tarea que los desprofesionaliza. Imagínate que hay una cantidad enorme de personas de la Policía Federal y de la Gendarmería que deberían estar ocupadas en hacer investigaciones sobre delitos graves, y están pegándole a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los docentes, a los trabajadores, todas las semanas, desde hace más de un año y medio”. Y resalto un dato no menor vinculado al salario de los agentes y las condiciones laborales: “la mayor parte de los policías y gendarmes hacen otro trabajo, cosa que no deberían hacer, o trabajan en Cabify, Uber, o hacen otras actividades porque no llegan a fin de mes, trabajan sin descanso y eso es más violencia en la calle.”

Alerta: Organizaciones criminales

Entre todas las normativas que se impusieron sobre el accionar de las fuerzas de seguridad para coartar la organización popular hay una que pasó por la aprobación del Congreso y que las especialistas remarcar entre las más peligrosas: La Ley 27.786 para la investigación y sanción de organizaciones criminales, dada a conocer como “Ley Antimafias”. “Es una ley contra las organizaciones sociales y la protesta”, dijo Verdú. Según detalló Sabina Frederic: “Crea zonas de excepción, habilita la consideración de una organización sindical, política o social como una organización criminal, permite allanamientos en cadenas sin orden judicial, escuchas telefónicas sin orden judicial, detenciones por hasta 30 días por averiguación de delito. Todo eso es gravísimo”.

Esta legislación reciente puede mantener a una persona detenida si se considera una causa compleja. “¿Compleja, por ejemplo, porque imputaste a toda una organización, a todos los integrantes de un comedor? Entonces, tener 50 personas imputadas es considerado complejo. Y durante ese lapso estás sin que te pongan a disposición de un juez ni te digan de qué te acusan. Averiguación de ilícito, y vos no sabes si te están enchufando un homicidio, un robo, una malversación de fondos, o haber cruzado un semáforo en rojo”, dijo Verdú.

Presumir y disparar

En marzo de 2024 el Ministerio de Seguridad nacional, a través de la Resolución 125 modifica los protocolos para el uso de armas habilita a disparar ante un supuesto de fuga de una persona presuntamente armada. Dicho de otro modo: cuando huye, sin un peligro real. Esa presunción puede ser, entre varias opciones, ante un movimiento que el funcionario interprete como signo de portar un arma. También los habilita a disparar si consideran que existen probabilidades de que el presunto agresor genere lesiones graves a cualquier persona, aún estando desarmado.

Además, en el artículo 3 de esta resolución da la posibilidad de no identificarse ante varias situaciones muy ambiguas, tantas que básicamente los agentes pueden encontrar cualquier situación válida para no identificarse.

Según Verdú, esta resolución “no solamente contraviene las normas internas, sino también convenios internacionales que la Argentina tiene obligación de respetar porque los ha suscripto. Su incumplimiento además le va a acarrear a la Argentina responsabilidades internacionales, como por ejemplo el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, de Naciones Unidas, y otros, que establecen para todos los países miembros”. Las armas de fuego según los tratados internacionales solo se podrían utilizar cuando sea el último recurso. “Y queda absolutamente claro que no se pueden utilizar para evitar una fuga”, resaltó Verdú. Estas modificaciones quieren dejarlas plasmadas de forma permanente modificando el artículo 34 del código penal, un proyecto que ya fue presentado en el congreso por Bullrich y el misnitro de Defensa Luis Petri para ampliar la acción de la “legítima defensa”.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELs) entre enero y junio del 2025, el 79% de las muertes de personas en hechos de violencia por parte de fuerzas de seguridad en CABA y Conurbano se dio con funcionarios fuera de servicio. Esta situación enciende una alerta y lo confirmó la ex ministra de seguridad: “Los casos de violencia letal o lesiva son, en general, fuera de servicio con el arma reglamentaria”.

Verdú indicó que la Policía de la Ciudad es la que cuenta con el índice de mayor letalidad y que además la mayoría de las muertes no son dentro del área de la Ciudad de Buenos Aires, sino en el conurbano, y que en el caso de los femicidios de uniforme el 99% de los casos son con el arma reglamentaria y fuera de servicio. La violencia exacerbada en el conurbano por la policía de la Ciudad coincide con lo observado por el Mapa de la Policía: “Hay muchos casos de gatillo fácil que suceden fuera de la ciudad, pero por efectivos de la policía de la ciudad. En general suceden en un contexto en el que están fuera del horario y del espacio de trabajo”, advierte Minervini.

“Suele llamar la atención cuando en otros lugares del mundo contamos que acá un policía lleva su arma reglamentaria esté de servicio o esté de civil, esté viajando, esté cenando con la familia, porque existe esto que se llama el estado policial. Es decir, vos sos policía 24 por 7”, explicó Verdú. Si ocurre un hecho delictivo ellos tienen la obligación de intervenir, y aunque no están obligados a estar armados y menos aún a disparar, es una práctica extendida. “Intervenir no significa hacerlo a los tiros en cualquier circunstancia, porque también intervenir como policía es preservar la escena, que no se te vayan los testigos, tomar nota de las patentes o de lo que se trate”, analiza Verdú.

Los porcentajes de víctimas de gatillo fácil con personal fuera de servicio son tan altos que lleva a pensar en la prohibición como una posible ayuda para disminuir estos fusilamientos. “Prohibir la aportación y el uso del arma reglamentaria fuera de servicio, naturalmente no es una cuestión que va a resolver el tema de fondo, como política de Estado que es, pero reduciría sustancialmente el gatillo fácil y los femicidios de uniforme”, opina la abogada de CORREPI.

Sin embargo, existen otras cuestiones vinculadas a la portación de armas de agentes fuera de servicio que no son tan visibles y que tienen que ver con cuestiones operativas y vinculadas a condiciones materiales de existencia de las propias fuerzas. Frederic detalló que en el caso de la gendarmería recién pueden llevarse el arma a su domicilia cuando tienen 10 años de antigüedad: “Ahora, al trabajar en el conurbano se les complicó, porque los lugares donde prestan servicio en el origen no tenían armería, entonces eso hizo que hubiese más personal en la calle con su arma reglamentaria”.

Movilizar en tiempos libertarios

“Primero se arranca con empujones y escudos, después se empieza a escalar y a utilizar los gases pimienta, los bastones. Afortunadamente no son la mayoría, pero ya empezamos a registrar casos en donde se utilizan postas de gomas, pistolas con balas de goma y camiones hidrantes”, relata Frankel, quien cuenta además que se incorporó nuevo armamento: “el nuevo gas pimienta amarillo, que ya se ve en casi todas las represiones. Después hay nuevas armas, las Virna, que también se empiezan a utilizar y otras pistolas que arrojan una especie de balines con gases”.

El 12 de marzo, en una marcha en reclamo de recomposición salarial para los jubilados, el gendarme Héctor Guerrero tiró una granada de gas lacrimógeno directo al cráneo del fotorreportero Pablo Grillo. Tres minutos después, el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, dejó ciego del ojo izquierdo al hincha de Chacarita Jonathan Navarro, tras dispararle a corta distancia. “Cuando hicimos la reconstrucción de Jonathan, esa diferencia de tan pocos minutos entre dos fuerzas distintas, sin referencia visual porque se encontraban en dos puntos distintos de la Plaza de los Congresos, nos permitió entender que hubo una coordinación”, afirmó Minervini. Y agregó: “Estas prácticas que fueron ilegales y que violaron los protocolos de uso de las armas, fue una respuesta a una orden que recibieron. Patricia Bulllrich habla de un comando unificado del cual ella era la tomadora de decisiones (…) nosotros descubrimos en esas reconstrucciones es que ellos respondieron a una orden, mandos intermedios y luego mandos más altos”.

Mapa del Monitor de Respuestas Represivas Estatales o para estatales a la Protesta Social en la Argentina del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma

En una movilización, incluso cuando estén disparando armas “menos letales” como el lanza gases que dispararon contra Grillo, deben hacerlo a 45 grados, y gracias a la reconstrucción que aportó el Mapa de la Policía, sabemos que fueron en ángulo recto. “Se les da vía libre para que utilicen las distintas mal llamadas armas no letales de una forma que está bastante lejos de cumplimentar con los protocolos internacionales que establecen la forma que hay que utilizarla”, indicó Frankel.

El Mapa de la Policía viene trabajando fuertemente en la idea de que los autores materiales, tanto Guerrero como Martínez, en el caso concreto del 12 de marzo, no son los únicos responsables: “Es momento de que podamos escalar en las responsabilidades de las fuerzas de seguridad”, enfatizó Minervini.

Visibilizar y desnaturalizar

Toda la estructura de modificación normativas que desmenuzamos confluyen en las acciones represivas que nos  dejan nuevas víctimas de gatillo fácil en los barrios o heridos en las manifestaciones. “La búsqueda de hacer estos grandes shows de muchas detenciones en una manifestación tiene una única finalidad que es el disciplinamiento”, sostiene Minervini. Desde el monitor de la CTA-A observan que este año la represión se sostiene. A la par también se sostienen por ejemplo las marchas de los jubilados cada miércoles. “Tenés es mayor solidaridad, mayor presencia de otras organizaciones como pueden ser los trabajadores de la salud”, dijo Frankel.

El ministerio que se encargaría de diseñar, implementar y gestionar políticas públicas de seguridad en pos de bajar índices de delitos y mejorar la convivencia en poblaciones urbanas y rurales, parece concentrar hoy todos sus recursos en grandes operativos contra la protesta social. “Bullrich no está pensando en mejorar la seguridad de los argentinos, sino básicamente en perseguir políticamente opositores, ese es el objetivo central de su gestión”, sostuvo Frederic. Y agregó: “Hay que trabajar y sobre todo hay que consensuar una política de seguridad que en el campo autopercibido progresista no encuentra acuerdo, por eso existen funcionarios como Berni o Aníbal Fernández, ¿no? Para decirlo claramente.”

Finalmente, hay dos herramientas que María del Carmen Verdú identifica como fundamentales en las políticas represivas: la invisibilización y la naturalización. “La invisibilización hacia afuera de la clase que padece las violaciones y la naturalización hacia adentro. o sea, me maltratan, me hostigan, me espían, me piden el DNI, me preguntan de dónde vengo, a dónde voy. Son las que me cagan a palos todos los miércoles, pero bueno, son las cosas que pasan. Si caemos en eso, estamos nosotros mismos fomentando nuestra derrota, entregándonos. Es una rendición sin condiciones asumir la naturalización de estas políticas.” La necesidad de visibilizar sostiene el trabajo continuo de muchas organizaciones e individuos que apuntan al cuidado o control ciudadano para evitar la expansión de los abusos policiales. En tiempos de abundancia informativa, hay trabajo aun por hacer para los y las comunicadores: visibilizar.  En tiempo de crueldad, hay trabajo aun para el conjunto de la población, uno tan insólito como necesario: volver extraña la violencia.